Raquel Peña participa en rendición de cuentas del Tribunal Constitucional demostrando evolución en la democracia del país
Presidente del Tribunal Constitucional resalta cifra histórica de sentencias emitidas por la alta corte en 2024 y destaca que las 1,251 decisiones emitidas duplican las de años anteriores.
Santo Domingo, RD.- La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, participó este jueves en la audiencia solemne donde el presidente del Tribunal Constitucional (TC), magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, destacó que en 2024 esta alta corte emitió la mayor cantidad de decisiones de toda su historia, con 1,251 sentencias que resolvieron igual cantidad de expedientes conocidos en 98 sesiones de Pleno.
Al pronunciar su discurso realizado con motivo del décimo tercer aniversario del órgano jurisdiccional, Estévez Lavandier también destacó que los casos resueltos estuvieron relacionados con materias civil (402), penal (264), amparo (242), acción directa de inconstitucionalidad (61), contencioso-administrativa (72), inmobiliaria (99), laboral (62), electoral (37)y control preventivo (12).
El magistrado reseñó las principales sentencias dictadas por el TC durante el 2024, distinguiendo entre ellas las que varían precedentes del tribunal, como las TC/0487/24, TC/0454/24, TC/0964/24, TC/0109/24, TC/0588/24, y TC/0747/24, y aquellas que establecen criterios relevantes, entre las que destacan las TC/0592/24, TC/0723/24, TC/0765/24,TC/0768/24, TC/0788/24, TC/0164/24, TC/0468/24, TC/0561/24, TC/0722/24, TC/0740/24, y TC/0766/24.
Aclaró que la función del Tribunal Constitucional en materia de control preventivo consiste en confrontar las disposiciones del convenio o acuerdo internacional con las disposiciones constitucionales, y que esta corte no puede determinar lo que es justo o injusto de lo acordado, porque estaría inmiscuyéndose en atribuciones que son exclusivas del presidente de la República como jefe de Estado.
En su discurso expuso además que las sentencias dictadas durante el recién terminado año generaron debates jurídicos-constitucionales que demuestran la evolución de la democracia en el país.
El presidente del TC enumeró que en diciembre pasado el Pleno de esa corte aprobó a unanimidad la firma electrónica cualificada para uso de los jueces para la validación de los documentos en atribuciones jurisdiccionales y administrativas.
«Las últimas sentencias del año 2024 fueron firmadas por los jueces de manera electrónica, marcando el inicio de justicia constitucional digital. Con esta implementación de la firma electrónica perseguimos simultáneamente la publicación de las sentencias… un paso trascendental que coloca a la República Dominicana a la vanguardia de la justicia digital, y permite agilizar la expedición de documentos y reducir los tiempos de respuesta a las solicitudes, así como la publicación de las decisiones», expuso.
El magistrado Napoleón Estévez Lavandier también habló de los avances de la enseñanza de la Constitución en las universidades y escuelas del país, destacando que bajo el lema «Educando en Constitución», y con el apoyo del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), han logrado incluir la enseñanza de la carta magna en los programas académicos de 20 instituciones de esa categoría.
«Nuestra meta es que las 47 instituciones definidas por el MESCYT implementen esta asignatura en un futuro próximo, con el fin de extenderla posteriormente a las escuelas públicas y privadas del territorio nacional», agregó.
También se refirió a los proyectos de educación y capacitación desarrollados por el Centro de Estudios Constitucionales (CEC), que bajo la coordinación del magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega desarrolló 39 proyectos y actividades que beneficiaron a 11,933 participantes, entre los que destacan cursos, talleres, diplomados, conferencias y paneles enfocados en la enseñanza del derecho constitucional.
Destacó el Diplomado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional dirigido a la comunidad jurídica de la región este, que fue impartido en La Romana bajo la coordinación de la magistrada Alba Luisa Beard Marcos, y el inicio del Programa de Educación Continua, que fue inaugurado en septiembre pasado con el objetivo de garantizar la capacitación constante y la actualización del conocimiento jurídico de los servidores del área jurisdiccional, organizando jornadas que abordan temas relevantes.
Entre las actividades educativas coordinadas por el CEC en 2024, el juez presidente citó la séptima edición del concurso Me Gradúo con el TC, coordinada por los magistrados Miguel Aníbal Valera Montero y Eunisis Vásquez Acosta, así como varias actividades para conmemorar el 180 aniversario de la proclamación de la carta magna, coordinadas por la magistrada Sonia Díaz Inoa.
Además, mencionó la participación en la vigésima sexta Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FIL 2024), bajo la coordinación de la magistrada Army Ferreira; la conferencia «La protección de datos en la inteligencia artificial» que coordinó la magistrada María del Carmen Santana de Cabrera, y la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con la Cátedra Hermanas Mirabal, a cargo de la Comisión de Igualdad de Género que coordina la jueza Alba Luisa Beard Marcos.
El magistrado presidente del TC anunció que para el período 2025-2028, el Tribunal Constitucional tendrá como lema “Justicia constitucional más accesible, eficiente y digital”, vinculado al Plan Estratégico Institucional.
«Hoy, más que nunca, percibimos la justicia constitucional como un recurso fundamental para forjar una sociedad más equitativa, inclusiva y solidaria. Un entorno en el que la Constitución sea la guía que dirija nuestros pasos hacia un futuro de desarrollo y bienestar colectivo», enfatizó.
La Audiencia Solemne de Rendición de Cuentas del Tribunal Constitucional contó con la presencia de los jueces y juezas que integran el Pleno de esta alta corte, funcionarios civiles y militares, jueces de los tribunales de la República, miembros del ministerio público, representantes de la comunidad jurídica, educativa, la sociedad civil y servidores constitucionales.