Bajo Escrutinio: El Congreso contra los aranceles en EE.UU
Es un hecho, el pasado dos de abril, el presidente Donald Trump anunció desde el exterior de la Casa Blanca, la aplicación de impuestos arancelarios de su administración a más de cien naciones en el mundo.
Los aranceles abarcan desde un mínimo de 10 a un máximo 40 por ciento que abarcan desde bienes y servicios. Esto implica que rentar una habitación de hotel y comprar un vehículo nuevo o usado costará mucho más dinero para ser adquiridos.
En la que se ha llamado la denominada guerra de aranceles por el momento Canadá y México han sido excluidas, pero a la vez mantienen su relación con Estados Unidos en lo relacionado al tratado de Libre Comercio de las Américas. Todos los productos provenientes de regiones como Europa, Asia, China, Latinoamérica y El Caribe tendrán que pagar los aranceles para poder ser comercializados en Estados Unidos.
Como es natural, cada una de las naciones impondrán los mismos aranceles a igual escala a los productos norteamericanos que serán comercializados en sus territorios. Es más, ya es visible que en las grandes tiendas Norteamericanas se percibe un ligero incremento de los precios en productos alimenticios, calzados y vestimentas.
La proyección en los próximos meses de acuerdo a los analistas y expertos en economía, es que se reduzca el ritmo de consumo de bienes y servicios de los estadounidenses, lo que provocará efectos demoledores en los sectores comerciales y empresariales e influirá en el incremento del desempleo a pesar de que en la actualidad se mantiene controlado.
La razón planteada por la administración Trump para aplicar los nuevos aranceles de manera unilateral ha sido el elevado déficit comercial que mantiene Estados Unidos en vulneración de los convenios y tratados comerciales internacionales.
Sin embargo, Canadá y México no fueron incluidos para la aplicación de los nuevos aranceles debido a una resolución del Senado que fue aprobada el miércoles dos de abril por votación de 51 contra 48 lo que impidió la entrada en vigencia de esos aranceles para ambas naciones, a las cuales la administración Trump le impuso un arancel de 10 por ciento al acero que proviene de sus territorios y se comercializa en los Estados Unidos.
Esto significa que los legisladores republicanos quienes tienen mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes (diputados) en caso de que lo dispongan pueden con su poder revocar la política de imponer aranceles al presidente Donald Trump
Aunque el presidente Donald Trump continúa contando con el apoyo de los legisladores republicanos en la nueva política de imponer aranceles, la realidad es que, de no mantenerse la estabilidad económica en el territorio norteamericano, los congresistas republicanos de ambas cámaras (Senado y Cámara de Representantes) tendrán que contar con los congresistas demócratas establecer y mantener la estabilidad económica en los Estados Unidos.
Al respecto, los Senadores, el republicano Chuck Grassley y la demócrata María Cantwell, han propuesto la “Ley de Revisión Comercial de 2025” está diseñada para restaurar la supervisión del Congreso sobre nuevos aranceles, requiriendo que el presidente Donald Trump obtenga aprobación del Congreso para cualquier nuevo gravamen comercial dentro de los 60 días posteriores a su anuncio y que a la vez impediría que los presidentes puedan imponer aranceles de manera unilateral.
Las condiciones políticas están dadas para que las decisiones personales en materia económica del mandatario Donald Trump sean detenidas por el Congreso Norteamericano.
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