Nueva ley limitaría el mercado binacional
En la Cámara de Diputados se estudia un proyecto de ley que modificaría de forma significativa el funcionamiento de los mercados binacionales en la República Dominicana, al establecer que solo los comerciantes que residan en provincias fronterizas podrán operar en estas zonas de intercambio con Haití.
El proyecto, que modificaría la Ley 216-11 para la regulación de los mercados fronterizos, se examina desde hace un mes por una comisión permanente y su objetivo principal es restringir la participación en los mercados binacionales exclusivamente a quienes puedan demostrar que residen en las provincias limítrofes con Haití, a fin de proteger la economía local y evitar lo que se califica como “competencia desleal” por parte de comerciantes que provienen de otras regiones del país.
El registro
La iniciativa, autoría del diputado opositor Rafael Pérez Gómez, plantea que todo comerciante interesado en operar en mercados fronterizos deberá inscribirse en un Registro Nacional de Comerciantes Fronterizos, bajo la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Para obtener el permiso, se exigirá una constancia de residencia en la provincia donde se encuentra el mercado y el permiso será emitido por la alcaldía municipal correspondiente, con una duración de un año renovable.
Los no residentes
El proyecto también establece que los comerciantes no residentes que deseen participar en los espacios de los mercados deberán obtener un permiso especial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el cual estará sujeto a cupos y regulaciones específicas.
La medida busca frenar el traslado masivo e informal de comerciantes hacia las zonas fronterizas, una práctica que, según los considerandos del proyecto de ley, genera desorganización comercial, pérdida de competitividad para los comerciantes locales y conflictos dentro de los mercados bilaterales.
Verificación en línea
Además de regular el acceso, la reforma a la ley del año 2011 contempla un sistema de verificación electrónico para rastrear a los comerciantes autorizados, aplicar sanciones a quienes operen sin permiso y establecer un régimen fiscal especial para los mercados binacionales.
- La iniciativa dispone que las alcaldías locales y la DGII tendrán un rol central en la emisión de permisos, supervisión e inspecciones, con el apoyo de la Policía Municipal y del Ministerio de Defensa, si fuera necesario.
Sanciones
En caso de incumplimiento, las sanciones serían severas. Los comerciantes que operen sin la debida autorización enfrentarían multas de hasta 100,000 pesos y se les prohibiría participar en mercados fronterizos por un período de dos años.
Mientras que las alcaldías que permitan instalaciones irregulares enfrentarían sanciones administrativas, y los funcionarios públicos que otorguen permisos de manera irregular podrán ser sometidos a la Ley de Función Pública.
El Poder Ejecutivo dispondrá de 90 días para emitir el reglamento de aplicación tras la promulgación de la ley y se propone un período de transición de seis meses para que los comerciantes que ya operan en los mercados regularicen su situación ante las autoridades con los permisos correspondientes.
Con esta modificación, el autor del proyecto, como alega en la misma pieza, busca establecer un nuevo marco legal que fomente el desarrollo económico ordenado en las zonas fronterizas, fortalezca el control aduanero y aumente la fiscalización tributaria, asegurando que los beneficios del comercio transfronterizo lleguen principalmente a quienes viven en estas comunidades históricamente vulnerables.